La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública con 445 votos a favor de Morena, PAN, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, y 37 en contra, todos del PRI.
La reforma fue respaldada por la mayoría de los partidos, aunque no estuvo exenta de polémica, sobre todo por los riesgos que advierte la oposición en materia de vigilancia y pérdida del carácter civil de las instituciones de seguridad.
Uno de los principales cambios fue la eliminación del registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil que estaría a cargo de la Agencia de Transformación Digital.
Este punto, dijeron los legisladores, genera preocupación por la concentración de datos personales en manos del gobierno, y su retiro fue celebrado incluso por partidos que votaron en contra del resto del dictamen.
No obstante, legisladores del PRI, PAN y MC advirtieron que esta información seguirá concentrada y accesible por el Estado a través de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, la cual mantiene la posibilidad de acceso a bases de datos públicas y privadas sin orden judicial.
Otro de los aspectos más cuestionados fue la eliminación del carácter civil explícito en la definición de las instituciones de seguridad pública. El dictamen original, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, establecía que dichas instituciones debían ser disciplinadas, profesionales y de carácter civil, con apego a derechos humanos.
Ese enunciado fue retirado, y en su lugar se reafirmó el papel de la Guardia Nacional como la principal fuerza de seguridad federal, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque con formación en doctrina policial civil. Para la oposición, este cambio refuerza el proceso de militarización del país.
A pesar de estas preocupaciones, legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano votaron a favor bajo el argumento de que la ley incluye medidas para mejorar la coordinación entre autoridades y fortalecer la capacitación de los cuerpos de seguridad. En especial, se destacó la posibilidad de bloquear la señal telefónica en los reclusorios para evitar extorsiones desde el interior.
Por su parte, el PRI votó en contra al considerar que la ley representa una vulneración a los derechos y libertades de los ciudadanos.
Acusaron además que el proceso legislativo fue apresurado y que se otorgaron facultades excesivas al Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluyendo la posibilidad de suspender recursos a estados y municipios que no cumplan con acuerdos de coordinación.
Mientras tanto, desde Morena se defendió la iniciativa asegurando que no se trata de una herramienta de espionaje, sino de una modernización del sistema de seguridad que permitirá actuar con mayor eficacia contra la criminalidad.
