Con 348 votos a favor y 132 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la nueva Ley de la Guardia Nacional, una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que formaliza el traslado de dicha corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y amplía sus atribuciones en materia de investigación, inteligencia y seguridad pública.
La reforma también contempla la posibilidad de que elementos de la Guardia Nacional puedan postularse para cargos de elección popular, una medida que generó fuerte rechazo entre la oposición, que calificó la iniciativa como parte de una estrategia para profundizar la militarización de la vida pública en México.
Sin embargo, sobre esta polémica, la presidenta Sheinbaum defendió el contenido de la iniciativa: “Una de las críticas más ignorantes, que solo evidencia su ignorancia, es que ahora un elemento de la Guardia Nacional puede pedir licencia para participar en algún puesto de elección popular o cargo. Esto, en realidad, proviene de la Constitución de 1917”, afirmó.
La mandataria recordó este martes 24 de junio que la Guardia Nacional fue fundada en 2019 a propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras la desaparición de la Policía Federal, y que su carácter es esencialmente civil.
Sin embargo, el nuevo ordenamiento establece que esta fuerza estará integrada por personal militar con formación policial y tendrá su base operativa en la Sedena.
Durante la sesión, se presentaron más de 170 reservas para su discusión en lo particular. Sin embargo, la mayoría conformada por Morena, PT y PVEM desechó las propuestas de modificación, lo que permitió la aprobación del dictamen en lo general.
El morenista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, justificó la aprobación al afirmar que “las funciones que establece la nueva Ley de la Guardia Nacional son de carácter eminentemente civil”, pues ejecutan la estrategia nacional de seguridad pública “aprobada por el Senado” y encabezada por la Presidencia de la República.
Desde el PRI, el diputado Arturo Yáñez reviró que “esta estrategia de seguridad está escondida en un informe militar” y denunció que el dictamen fue turnado a la Comisión de Seguridad y no a la de Defensa, como correspondía.
Margarita Zavala, del PAN, criticó que “la Guardia Nacional debió haber mantenido su mando civil”, mientras su bancada advirtió que la nueva ley legaliza “la intervención de teléfonos, redes sociales y la geolocalización de ciudadanos”.
Por su parte, el legislador Guillermo Anaya, también del PAN, arremetió contra lo que llamó una 'ley espía’. “La seguridad y la inteligencia no va a pasar la ‘Ley Espía’, porque vamos a defender la integridad de los ciudadanos para que no sean vigilados desde sus teléfonos celulares y con un GPS”, advirtió.
Desde el PT, Ricardo Mejía señaló que la verdadera hipocresía está en quienes critican al Ejército “pero en privado piden soldados para cuidar sus oficinas. Critican a la Guardia Nacional de día y le suplican de noche que les cuiden sus municipios y en sus estados”.
Por su parte, el diputado de Morena, Sergio Mayer, respaldó el dictamen: “Los únicos que deben estar preocupados con la consolidación de la Guardia Nacional son los delincuentes”.
En la misma línea, la legisladora Gabriel Georgina Jiménez indicó: “Expresamos nuestro más amplio reconocimiento a la Presidenta porque con estas leyes nos mantenemos en el camino correcto hacia la transformación”.
En tanto, la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano (MC), intentó suspender el debate y devolver el dictamen a comisiones para discutirlo en parlamento abierto, pero su moción fue desechada por la mayoría. Alertó sobre los alcances de la nueva normativa: “Militarizar la seguridad pública es una decisión de enorme trascendencia, pero militarizar la vida pública del país ya es otro horizonte que ni el PRI se hubiera atrevido en sus mejores momentos”.
MODIFICACIONES
Entre las nuevas facultades de la Guardia Nacional destacan la posibilidad de realizar operaciones encubiertas, tareas de inteligencia, creación de usuarios simulados en internet y la solicitud judicial para intervenir comunicaciones privadas. “La autorización judicial correspondiente podrá otorgarse a solicitud de la persona titular de la comandancia o de la jefatura general de coordinación policial”, establece la ley.
Asimismo, la corporación participará en acciones coordinadas con autoridades estatales y municipales, incluyendo tareas en aduanas, garitas, puentes, carreteras, aeropuertos y zonas fronterizas.
La comandancia estará a cargo de un general de división designado por la Presidencia de la República, a propuesta del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Aunque Morena insiste en que el carácter de la Guardia es civil, la oposición acusa que esta reforma afianza un modelo de seguridad con control militar. La discusión continuará en el Senado, donde se prevé que el bloque oficialista busque su ratificación sin mayores cambios.
