El diputado federal Rubén Moreira Valdez, del PRI, presentó por tercera ocasión una iniciativa para cancelar los pagos anuales destinados al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), argumentando que la deuda que originó este mecanismo ya ha sido cubierta.
Durante un programa de análisis en el que participó junto al economista Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Sulub, Moreira planteó que los cerca de 50 mil millones de pesos que el gobierno destina cada año al Fobaproa podrían ser redirigidos a sectores como salud, infraestructura y desarrollo rural.
El legislador aclaró que su propuesta no elimina la función del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), ni el seguro de depósitos bancarios, que protege a los ahorradores y se financia con las aportaciones de los bancos. Según explicó, su iniciativa busca cancelar el pago de una deuda que, a su juicio, ya ha sido saldada con creces.
De acuerdo con datos presentados en la mesa, en 1999 el IPAB recibió una deuda del Fobaproa por 725 mil millones de pesos, y desde entonces ha recibido más de 840 mil millones del presupuesto federal.
A pesar de ello, la Secretaría de Hacienda reporta que la deuda actual del instituto asciende a 1.1 billones de pesos. Los especialistas coincidieron en que es necesario revisar el origen de este saldo, ya que estiman que al menos 420 mil millones podrían corresponder a operaciones que nunca debieron haberse convertido en deuda pública.
Moreira aprovechó para lanzar un desafío al grupo mayoritario en el Congreso: “Reto a Morena a apoyar esta iniciativa”, dijo, asegurando que si verdaderamente están en contra del rescate bancario de los años 90, como lo ha sostenido históricamente el movimiento, deberían respaldar su propuesta.
También recordó que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador criticó duramente el Fobaproa y llegó a pedir su cancelación en el pasado. Sin embargo, sostuvo que el tema ha sido ignorado por las actuales autoridades, debido —dijo— a que varios actores de la actual administración estuvieron involucrados en su momento.
Finalmente, los participantes en el análisis distinguieron entre los programas de apoyo a ahorradores, considerados necesarios, y aquellos enfocados a la capitalización bancaria y compra de cartera, en los que, según señalaron, “se cometieron excesos”.
La propuesta aún deberá ser discutida en comisiones y votada en el Pleno, en un contexto donde la discusión sobre el manejo de la deuda pública vuelve a cobrar relevancia.
