Este jueves 12 de diciembre, el Pleno del Senado de la República aprobó, con 118 votos, un dictamen que tiene el objetivo de garantizar el acceso a un internet seguro y libre de violencia, a fin de proteger los derechos fundamentales de los menores.
El proyecto busca reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de establecer que el Estado promoverá políticas de prevención, protección, atención y sanción del ciberacoso y de todas las formas de violencia que causen daño a la intimidad de este sector de la población, así como de cualquier otra forma que provoque daño a su privacidad, seguridad y dignidad, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
Avalan inscribir nombre de Ifigenia Martínez con letras de oro en el Senado
El dictamen, que se remitió al Ejecutivo Federal, precisa que “con el uso de nuevas tecnologías e internet, como parte fundamental de la vida de la población, resulta indispensable proteger a la niñez y la adolescencia de agresiones y cualquier tipo de violencia que pudiese dañar sus derechos”.
De acuerdo con el Balance Anual 2023 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 2.9 millones de menores entre 12 y 17 años han sido víctimas de ciberacoso, lo que representa 22.6% de los usuarios de internet en ese rango de edad.
Por ello, dijeron los legisladores, es fundamental que “el Estado mexicano cuente con un marco normativo adecuado, que les permita implementar las políticas que garanticen el acceso y uso seguro de los menores a internet”.
Por su parte, el el presidente de la Comisión de Derechos Digitales, Luis Donaldo Colosio Riojas, destacó que junto con los beneficios y oportunidades que brinda el Internet, surgen riesgos como el ciber acoso y otras formas de violencia digital que vulneran derechos como la privacidad, la seguridad y la dignidad.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, advirtió que la violencia en internet se caracteriza por acoso sexual infantil, avergonzar en público y espiar, entre otras conductas, por lo que consideró que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que los menores accedan a las tecnologías de la información y comunicación, pero sin que sean víctimas de violencia.
