La desconfianza al sistema de justicia sigue vigente entre los mexicanos, tanto que casi la mitad (49%) tiene una muy mala o mala percepción del sistema penal... pero los datos no ayudan a cambiarla.
De acuerdo con el informe "Hallazgos 2020: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, de México Evalúa, los hombres mexicanos no denuncian un delito porque consideran que el trámite es una pérdida de tiempo (38.7%), mientras que las mujeres no denuncian porque no tienen pruebas (13.6%).
El mes pasado, el INEGI dio a conocer que el 93.3% de los delitos cometidos en México durante 2020 no fueron denunciados por sus víctimas o después de denunciarlos no se abrieron carpetas de investigación.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe), del total de los ilícitos únicamente en 10.1% se levantó una denuncia, y de estos sólo 66.9% iniciaron carpetas de investigación.
Además, México Evalúa señala que el año pasado solamente se resolvieron 5 de cada 100 delitos denunciados.
CRECE IMPUNIDAD
Quizá las pocas intenciones de denunciar se desvanecen al ver que la justicia en México parece que sí está cegada, pues el porcentaje de impunidad aumentó al pasar de 92.4% en 2019 a 94.8% en 2020, de acuerdo con el estudio de México Evalúa.
El centro de análisis indicó que por cada 100 mil habitantes existen 11 fiscales, nueve peritos y 14 policías ministeriales en promedio a nivel nacional, lo que indica que las fiscalías y sus funcionarios están rebasados, por lo que cada vez se realizan menos investigaciones.
Además, ya una vez detenidos, también hay complicaciones para desahogar pruebas científicas, por lo que siguen prevaleciendo los juicios simples que se resuelven con testigos o con confesionales, por lo que un alto número de detenidos se encuentran en espera de sentencia.
Incluso, el estudio señala que una de cada dos mujeres detenidas está esperando una sentencia, mientras que cuatro de cada 10 hombres detenidos se encuentran en espera.
Según el exministro, José Ramón Cossío, entre los problemas destaca que no se logró implementar correctamente la “igualdad de armas” entre el acusador y el imputado, que implica el equilibrio en las posiciones de las partes procesales con la finalidad constitucional de equiparar las desventajas reales del acusado, frente a la posición privilegiada del ente acusador.
Ante ello, la organización exhortó a las autoridades a realizar investigaciones integrales y que los casos de desaparición sean investigados con prontitud y eficacia.
México Evalúa recomendó brindar más recursos a las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) para hacer contrapeso a las fiscalías para que puedan hacer sus propias investigaciones.
También sugirió que en los Ministerios Públicos exista un protocolo para que se prioricen los casos conforme sea necesario, con una visión estratégica en política criminal, pues 30% de los delitos se podrían haber desahogado por la justicia alterna, pero no existe ese filtro.
De esta forma, indica que si se fortalece la reforma del sistema a nivel estatal, en algún momento tendrá impacto en el orden federal.
