Porque el IMSS atiende a 53% de la población mexicana actual
Si estás afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) te tenemos una mala noticia: no hay suficientes camas para atenderte.
Sí, no es broma, pero lo peor de todo es que habrá más pacientes porque el IMSS firmó un acuerdo para lograr la universalización en los servicios de salud, esto implica compartir su infraestructura con más usuarios.
Según la Memoria Estadística del instituto, en 2016 cerró con una población derechohabiente de 63 millones 480 mil 327 personas y tenía 33 mil 26 camas, lo que significa que por cada mil usuarios hubo 0.52 camas disponibles, la cifra más baja desde 2011.
Los 63 millones 480 mil 327 afiliadas al IMSS representan el 53% del total de la población mexicana, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada mil derechohabientes deben existir al menos 2.5 camas; sin embargo, lo observado en el IMSS es que los derechohabientes aumentan a un ritmo mayor que las camas disponibles.
Si se toma como referencia esta relación, el número de camas censables, las que se utilizan de manera regular y cuentan con todos los servicios disponibles para atender al paciente, debería ser de 151 mil, es decir 126 mil más de las que se registran actualmente.
¿Por qué es importante esta cifra?
Porque se trata de una medida que muestra la eficiencia de la gestión hospitalaria, así como el acceso y uso efectivo de los servicios de salud, de acuerdo con consultoras del ramo salud y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
INFRAESTRUCTURA ESTANCADA
En números absolutos, en 2016 hubo 33 mil 26 camas censables, esto es 46 camas menos comparado con un año antes.
Además, otros rubros de infraestructura como consultorios, cubículos de atención, gabinetes de radiología, laboratorios, bancos de sangre y farmacias muestran un estancamiento.
Sólo la infraestructura de cunas y ambulancias tuvieron un incremento en 2016 versus 2015, al pasar de 2 mil 898 a 3 mil 11 cunas y de mil 134 a mil 177 ambulancias.
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El 7 de abril de 2016 la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE firmaron el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, el cual consiste en coordinar y articular acciones que permitan a la población tener acceso efectivo con calidad a los servicios de salud independientemente de su edad, residencia o condición social o laboral y sin restricciones financieras.
Odilia Ulloa, asesora de la Comisión de Seguridad Social del Senado, consideró que es difícil oponerse a la universalización porque implica mayor acceso a los servicios de salud, pero hasta ahora las instituciones de salud no han dado a conocer en donde hay recursos materiales excedentes.
“El IMSS quedaría rebasado y le vas a agregar una carga adicional. La universalización se entendería que es en cada área u hospitales en donde tengas capacidad excedente, lo que preguntamos es dónde está el mapa que diga que hay capacidad excedente, nadie se podría oponer a intercambiar servicios pero que fuera ahí donde sobran recursos o donde hay equipo subutilizado”, comentó.
INVERSIÓN A LA BAJA
Berenice Ramírez, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, señaló que el IMSS tiene un rezago de varios años en su infraestructura, ya que cuando se observa el indicador de inversión en equipamiento éste va a la baja.
“Por un lado hay buenas disposiciones por parte de las autoridades del IMSS, pero por el otro no se observan grandes cambios en la infraestructura en los últimos años (...) los indicadores no pueden cambiar tan favorablemente de un año a otro, cuando en el presupuesto un sector castigado es la inversión”, sostuvo.
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COORDINACIÓN
El Financiero preguntó al IMSS si ya está atendiendo a derechohabientes del ISSSTE o de la SSA a lo que respondió que “lo que se acordó es acelerar intercambio de servicios. El acuerdo aplica con condiciones y para ciertos servicios que no tenga el IMSS o ISSSTE o estén saturados”.
El acuerdo hacia la universalización establece que las instituciones firmantes deben redefinir las directrices de coordinación del sistema de salud para garantizar el uso ordenado de sus recursos financieros, así como la mejor utilización de la infraestructura hospitalaria (entre la que se encuentra las camas censables) y el óptimo desempeño de los recursos humanos.
