¿Cómo va el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa?

Los familiares de los 43 siguen con la esperanza de saber qué pasó realmente el 26 de septiembre de 2014
Los familiares de los 43 siguen con la esperanza de saber qué pasó realmente el 26 de septiembre de 2014

¿Cómo va el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa?

ResistenciaLos familiares de los 43 siguen con la esperanza de saber qué pasó realmente el 26 de septiembre de 2014
Cuartoscuro
2020-09-26 |10:08 Hrs.Actualización10:08 Hrs.
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Porque se cumplen 6 años de uno de los crímenes más impactantes de la historia moderna de México

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes que se preparaban para ser profesores fueron desaparecidos sin dejar rastro alguno, en lo que se conoce como uno de los episodios de violación a los derechos humanos más trágicos en la historia reciente de México.


Los hechos sucedieron cuando un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968.

Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses.

El saldo de aquella noche fue de 43 jóvenes que siguen desaparecidos; seis personas ejecutadas, entre ellas tres normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura y al menos 40 personas fueron lesionadas.

La considerada “verdad histórica” por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguraba que el 26 de septiembre de 2014 policías locales de Iguala capturaron a los estudiantes en esa localidad de Guerrero y los entregaron a miembros del crimen organizado que los incineraron en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y luego tiraron sus restos a un río cercano.

En ese río se localizó un hueso que fue identificado como el de uno de los estudiantes, Alexander Mora, pero un grupo de expertos internacionales independientes no pudieron comprobar cómo llegó ahí y denunciaron multitud de irregularidades en el proceso, obstrucción a la justicia de autoridades locales, estatales y federales y que acusados clave fueron torturados, algo que luego la ONU ratificó. La propia justicia mexicana ordenó en 2018 la reposición de todo el proceso porque la fiscalía federal no había sido imparcial.

La llegada de López Obrador al poder dio un giro a la investigación, se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron nuevas búsquedas -como en la que se halló el resto de Rodríguez, la segunda identificación plena- y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificación de documentos y ocultar información en un caso de desaparición forzada.

Entre los prófugos sigue el entonces responsable de la oficina de investigación de la fiscalía, Tomás Zerón, presunto artífice de la “verdad histórica”. Asimismo, decenas del centenar de detenidos por el caso, incluidos sospechosos clave, fueron liberados debido a la irregularidad en el proceso, lo que indignó a las familias.

Santiago Aguirre, director del centro de derechos Humanos Prodh y representante de las familias, confió en que entre los próximos restos óseos que se manden a la universidad de Innsbruck, en Austria, para su identificación, no sólo se incluyan fragmentos hallados en búsquedas recientes sino otros encontrados en 2016 que las autoridades de entonces descartaron que fueran de los estudiantes sin hacer ningún contraste de ADN y que están en poder de la fiscalía.

Tanto esos fragmentos más antiguos como los recientes fueron encontrados en distintos puntos de una misma zona conocida como “la carnicería”, de donde salió el hueso de Christian Alfonso Rodríguez.

Qué motivó el ataque contra los estudiantes sigue siendo una incógnita, pero Aguirre asegura que “el móvil está vinculado a la toma de autobuses” que intentaron hacer los jóvenes esa noche.

Una práctica habitual de los estudiantes de las escuelas de magisterio rurales de México es ‘confiscar’ temporalmente autobuses que usan para acudir a manifestaciones y luego devuelven. El problema es que en Iguala esos vehículos eran utilizados por el cártel local para traficar heroína hasta Chicago con la aparente protección de autoridades.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Corderó, adelantó el miércoles que lo logrado por este Gobierno “arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche” y el presidente prometió un informe muy detallado pero las familias siguen preguntándose en mítines, protestas y manifestaciones dónde están sus hijos.