La grabación de una periodista con lentes inteligentes podrían poner sobre la mesa un castigo por privacidad y protección de datos; sin embargo, las leyes mexicanas establecen condiciones para determinar si existe una infracción o responsabilidad civil
La polémica entre el comunicador Carlos Pozos, conocido como ‘Lord Molécula’, y la periodista Reyna Haydée Ramírez, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, abrió una pregunta sobre los límites legales del uso de cámaras y lentes inteligentes en espacios públicos: ¿grabar a una persona sin su consentimiento puede ser motivo de una sanción?
El conflicto ocurrió el 9 de noviembre, cuando Reyna reclamó a Pozos por interrumpirla mientras cuestionaba a la mandataria y lo acusó de grabarla sin su autorización. La periodista incluso lo señaló de ser un “violentador de mujeres” y sostuvo que no era la única persona a la que había registrado de esa manera.
Días después, una revisión de la transmisión realizada por varios medios e internautas señaló que Pozos manipuló sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta mientras Ramírez consultaba información en su teléfono celular. En las imágenes, según ese análisis, se observa el parpadeo de un indicador en los lentes, lo que apuntaría a que estaban grabando.
Por su parte, Pozos defendió el uso de sus gafas como una herramienta de trabajo, negó ser espía o violentador de mujeres y ofreció disculpas por haber interrumpido a la reportera.
Pero, más allá del enfrentamiento, ¿qué consecuencias podría enfrentar si se demuestra que realizó una grabación sin consentimiento?
¿GRABAR SIN AUTORIZACIÓN ES UN DELITO?
En México, grabar a una persona en un espacio público no constituye automáticamente un delito. Para determinar si existe una conducta ilegal deben analizarse las circunstancias, el contenido captado, la finalidad de la grabación y el uso que posteriormente se le dio.
En este caso también debe considerarse que la conferencia presidencial es un acto público y que Reyna participaba en su calidad de periodista. La Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México reconoce excepciones al consentimiento para captar o publicar imágenes de personas con proyección pública cuando participan en actos públicos o acontecimientos de interés público.
Los artículos 19 y 21 de ese ordenamiento establecen que la captación, reproducción o publicación de imágenes puede estar justificada cuando se relaciona con hechos de interés público o con personas que ejercen una profesión de notoriedad y son registradas durante un acto público.
Por ello, el hecho de que Pozos haya utilizado lentes con cámara durante la mañanera no sería suficiente, por sí mismo, para demostrar una infracción.
¿Y si grabó la pantalla del celular de Reyna?
El escenario podría ser distinto si se acredita que, además de registrar su imagen, captó información privada que la periodista consultaba en su teléfono y que posteriormente utilizó o difundió ese contenido.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento y proporcionalidad para el tratamiento de datos personales. También contempla sanciones económicas cuando se incumplen sus disposiciones.
Su artículo 59 establece multas que pueden ir de 100 a 160 mil veces la Unidad de Medida y Actualización para determinadas infracciones, y de 200 a 320 mil veces la UMA para otras conductas, dependiendo de la falta cometida. La autoridad también debe considerar factores como la intencionalidad, la capacidad económica del responsable y la reincidencia.
Sin embargo, la aplicación de esta legislación no sería automática: tendría que acreditarse que existió un tratamiento de datos personales sujeto a la ley y que se actualizó alguna de las infracciones previstas. No basta con presumir que los lentes estaban grabando.
¿Podría enfrentar una demanda y pagar una indemnización?
Otra posible vía sería la civil. La legislación de la Ciudad de México protege los derechos a la vida privada, el honor y la propia imagen, y contempla la reparación del daño cuando se demuestra que una conducta ilícita afectó alguno de esos derechos.
Los artículos 36 y 37 de la ley establecen que la persona que reclama debe acreditar la afectación, el acto ilícito y la relación entre ambos.
Si un juez determina que existió una vulneración al patrimonio moral de la periodista, el artículo 39 contempla la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a costa de la persona demandada.
Además, el artículo 41 establece que, cuando no sea posible reparar el daño mediante los mecanismos previstos en la ley, podrá fijarse una indemnización que no exceda de 350 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. En caso de reincidencia, el monto máximo puede incrementarse hasta en una mitad.
Esto significa que la consecuencia no sería necesariamente una multa impuesta por grabar, sino una posible indemnización determinada por un juez, siempre que la periodista acreditara los elementos necesarios para obtener una resolución favorable.
¿Podría ir a prisión Lord Molécula?
El Código Penal Federal contempla sanciones para conductas relacionadas con el acceso ilícito a sistemas informáticos y la divulgación de información obtenida mediante la intervención de comunicaciones privadas.
Por ejemplo, el artículo 211 Bis 1 establece penas de tres meses a un año de prisión para quien, sin autorización, conozca o copie información contenida en sistemas o equipos informáticos protegidos por algún mecanismo de seguridad.
Por su parte, el artículo 211 Bis contempla de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa para quien revele, divulgue o utilice indebidamente y en perjuicio de otra persona información o imágenes obtenidas mediante una intervención de comunicación privada.
No obstante, estas disposiciones no significan que cualquier grabación realizada con lentes inteligentes pueda castigarse penalmente. Para que se configure alguno de esos delitos tendrían que acreditarse sus elementos específicos. Filmar a una persona en una conferencia pública no equivale, por sí mismo, a intervenir una comunicación privada ni a ingresar ilegalmente a su teléfono.
Por ahora, la acusación de Reyna y las imágenes analizadas sobre el posible funcionamiento de los lentes no permiten concluir que Pozos haya cometido un delito. La existencia de una grabación, su contenido y el destino que se le haya dado serían elementos centrales para determinar si existe alguna responsabilidad.
Así, el caso coloca sobre la mesa una discusión que va más allá del enfrentamiento entre dos comunicadores: los límites de las nuevas tecnologías de grabación, el derecho a la privacidad y las condiciones bajo las cuales una herramienta periodística puede convertirse en una posible vulneración de derechos.
