En 2024 Diana Ramírez Cruz se separó de Víctor Gerardo Hernández, su expareja y padre de su hija, cansada de años de abusos y violencias ejercidos por él y sus padres. Pero, lejos de terminar, el infierno de esta mujer de 31 años apenas había comenzado.
Con un nudo en la garganta que escasamente le permite hablar del tema al otro lado de la línea telefónica, Diana recuerda, en entrevista con Nación321, cómo ha vivido diferentes violencias a manos de su expareja, quien ahora mismo la tiene atrapada en una espiral de amenazas para arrebatarle de sus brazos a la hija que tienen en común.
Oriunda de Ixtapaluca, en 2018 Diana y Víctor decidieron vivir juntos, frente a la casa de los padres de él, en Tlalnepantla, Estado de México. “Me salí de mi casa para irme con él. Yo me sentía muy sola y muy lejos de mi familia, me la pasaba llorando. Desde el principio no me gustó el trato que tenía su papá con su mamá, porque su papá es muy machista, eso a mí me incomodaba", dice sobre los inicios de su vida en pareja.
Comenta que aun cuando ella estaba embarazada, sus suegros le pedían constantemente que cargara objetos pesados en un ambiente hostil en el que, incluso, fue advertida de que en la familia de su expareja se acostumbraba decir “cosas sin pensar”, por lo que debía estar preparada no sólo para soportar, sino para “defenderse sí o sí”.
Los ataques constantes de sus suegros, que además tenían el consentimiento pleno de Gerardo, fueron en aumento conforme avanzaba su relación. Tras dar a luz, fue blanco de más violencia, pues ahora su familia política la amenazaba, sin razón aparente, con quitarle a su hija.
Diana hace una pausa mientras pasa saliva con dificultad al recordar que luego del alumbramiento de su bebé, pidió con ilusión bañarla por primera vez, algo que le fue negado por sus suegros, quienes consideraron que no era apta para la tarea.
La tensión entre ambas partes escaló hasta que decidió regresar a casa de sus papás, una determinación que apenas duró unas semanas antes de que regresaran a vivir juntos, ahora a un edificio de distancia de sus suegros, pero con la misma ‘suerte’ que en la primera incursión: los padres de su expareja no la “dejaban ser mamá”.
La relación se deterioró hasta el punto en que él decidió comunicarle que la abandonaría porque él ya tenía una nueva pareja. El daño emocional al que Diana estuvo expuesta se intensificó con el paulatino recorte al flujo de dinero de parte de él, así como las amenazas, cada vez más agresivas y constantes, de arrebatarle a la niña.
Finalmente, luego de varias amenazas, Gerardo demandó la custodia de la menor, alegando que Diana “estaba loca, que necesitaba medicamento y que no estaba apta para cuidar a mi hija”.
La jueza del caso determinó que Diana sí tenía capacidades mentales para cuidar de su hija —una herida que sigue abierta—, y en una audiencia a la fueron citados para acordar los términos de la manutención de la menor, Diana se encontró con trabajas de los juzgadores, con violencia de su expareja, gritos de la defensa legal de Gerardo... y hasta un inexplicable abandono de su propio abogado. “Terminé defendiéndome sola como pude”, indica.
La vida desde entonces no ha sido fácil, pues ella planta cara al incumplimiento estricto de la manutención, al acoso de su exfamilia política y a los embates de Gerardo, quien inclusive suele acompañarse de policías para acosarla y advertirle que se quedará con la custodia.
Acusa que su expareja exige ver a la niña en días no contemplados y a veces no quiere devolverla... en otras ocasiones incluso opta por entrar ilegalmente a la escuela de la menor para decirle que “se la va a llevar, que no tiene nada qué temer”.
De acuerdo con Jennifer Seifert, cofundadora del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, el caso de Diana se inscribe en la violencia vicaria, un fenómeno ya contemplado y castigado por ley.
“Lo que sucede con este tipo de violencia es cuando hay casos en donde las parejas o exparejas ejercen violencia a través de los hijos. Es cuando incrementa la intensidad o la manera de ejercer esta violencia porque (los violentadores) ya no nos tienen cerca a nosotras y como ya no nos pueden lastimar, lo hacen a través de las personas que más queremos, y en la mayoría de los casos es a través de nuestras hijas e hijos”, refiere la activista.
DE LA VIOLENCIA A LA REVICTIMIZACIÓN
Pese a que este tipo de violencia que se ejerce a las mujeres a través de sus hijos ya está claramente tipificada en el Código Penal, Diana no ha podido denunciar a su expareja por violencia vicaria. ¿La razón? Las propias autoridades no la han querido asistir para realizar la denuncia.
Al igual que Diana, un 71% de las mujeres que han sufrido violencia vicaria se enfrentan a posteriori a la violencia institucional: la Fiscalía General, los Juzgados Familiares, el Tribunal Superior de Justicia, Centro de Justicia para la mujer, Procuraduría General de Justicia, Ministerio Público, Centro de Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes... todas se convierten en grilletes que desestiman sistemáticamente este tipo de violencia y prefieren, como le ocurrió a Diana, sólo admitir denuncias por “violencia familiar”.
“¿Pues qué le hiciste, por qué le quieres hacer daño a tu expareja?“, son las preguntas casi protocolarias que ha encarado Diana en prácticamente todas las instituciones de procuración de justicia a las que ha asistido cuando busca una querella por violencia vicaria.
De acuerdo con una encuesta levantada en mayo de 2022 por parte del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, las víctimas “no se sienten protegidas por las autoridades e instancias a las cuales han acudido para denunciar la sustracción y la violencia recibida”. Regularmente, dice, las autoridades aletargan los procesos y bloquean el seguimiento a los juicios.
Diana platica que hay una nueva intentona de Gerardo: busca no quedarse con la custodia de su hija por todas las vías legales e ilegales, incluso valiéndose de una poco sustentada intentona de acusar a Diana de “sustracción de menores”, un señalamiento que jurídicamente no procede debido a que Diana cuenta, ante la ley, con la custodia de su hija.
“Mi hija tiene miedo cada que ve policías. Yo tengo mucho miedo de que se la vayan a llevar. A cada rato viene cada vez más agresivo. Su abogado me marca y me gritonea”, lamenta con la voz quebrada y con la esperanza mermada de salir del calvario.
El caso de Diana se replica en miles de mujeres quienes incluso desconocen el término “violencia vicaria”, cuya configuración debería ser suficiente para ampararse ante la ley.
VIOLENCIA VICARIA NO ES LO MISMO QUE OBSTRUCCIÓN PARENTAL
Al respecto, Jennifer Seifert aclara que hay dos condiciones excepcionales a cumplirse para determinar que una mujer es sometida a este tipo de violencia: los agresores buscan atacar y dañar el vínculo maternal y tienen la intención de afectar a la mujer a través de sus hijos.
A propósito del Día Internacional de la Mujer, dice, es de vital relevancia nombrar a este tipo de violencia con todo y apellido.
Sólo así, ahonda, “se puede de alguna manera obtener justicia y sanciones para las personas, los hombres que ejercen este tipo de violencia”.
Cuestionada en materia de género, Seifert precisa que este tipo de violencia está prevista, sin intención de discriminar, para atender a las mujeres víctimas.
“Esto no significa que no hay hombres que pueden vivir violencia y lo hemos dicho fuerte y claro. Sabemos que hay hombres que pueden vivir violencia familiar, vivir violencia por parte de su pareja o expareja. Estas exparejas también pueden ser maltratadoras, pueden ejercer todo tipo de violencia en contra de sus hijas e hijos, lo tenemos muy claro”, aunque refiere que en el caso de los varones, esta violencia se nombra obstrucción parental.
“El hecho de que a un hombre no le dejen ver a sus hijos por algunas razones, que es algo que también se puede denunciar y se puede denunciar desde siempre. Sobre esta obstrucción hasta la Suprema Corte se ha pronunciado al respecto, en donde habla justo que es algo denunciable, es algo condenable, es algo que es un delito”, indica.
Jennifer, quien desde 2021 emprendió una lucha nacional contra este tipo de violencia, destaca que es importante que se siga hablando del tema.
Agrega que no sólo hay mucha desinformación sobre esta problemática social que afecta directamente a las mujeres y sus hijos, sino que existen “muchos detractores, mucha gente que no quiere que esto avance, muchas estructuras que se están cayendo, muchos hombres que están siendo evidenciados”.
Destaca que estos patrones de conducta violenta hacia ellas “eran muy normalizados hasta dentro de los juzgados; es un negocio enorme para los abogados”.
Aunque el tema es relativamente joven, se trata de un tipo de violencia que, alerta el Frente, afecta a la madre y a sus hijos, expresa el odio de género, busca el desprestigio de ellas, las somete a amenazas múltiples y su objetivo, además de gozar con el daño, es perpetuar el control del machismo.
Aterrada por la situación, Diana descarta insistir, de momento, en denunciar a su agresor por violencia vicaria, pues incluso dice que su hija de 8 años ya identifica a las fiscalías, juzgados y ministerios públicos como lugares con olor a “muerto, a secuestrado”.
Empero, la lucha sigue en curso, dice Jennifer, no sólo por las víctimas de este delito, sino para dar a conocer el tema, “para poder lograr una protección real hacia las mujeres” y terminar con la enraizada cadena de dolor contra ellas.
