Será a finales de octubre cundo la activista por el derecho a una muerte digna, Samara Martínez, presente ante el Congreso de la Unión la iniciativa Ley Trasciende, con el objetivo de despenalizar la eutanasia.
La activista jalisciense anunció que el 28 y 29 de este mes entregará la iniciativa para que se legisle sobre el tema.
Destacó que la iniciativa se presentará en ambas cámaras, para que se pueda discutir y abrir el debate para que personas puedan acceder a una muerte digna, dependiendo de las enfermedades que enfrenten.
La eutanasia en México es un tema candente que ha ganado atención en los últimos años, especialmente con el creciente apoyo de figuras como Samara Martínez, quien ha convertido su lucha personal en un movimiento social.
La eutanasia se define como el acto deliberado de finalizar la vida de una persona para aliviar el sufrimiento, a menudo en casos de enfermedades terminales.
En México, el tema es extremadamente relevante dado que el país aún no ha legalizado esta práctica, a pesar de que muchos ciudadanos sufren de condiciones que les impiden vivir con dignidad.
La falta de alternativas para aquellos que enfrentan una agonía prolongada plantea serias preguntas éticas y morales sobre el derecho a decidir sobre la propia vida.
Samara Martínez, una activista de 30 años de Guadalajara, ha enfrentado una dura batalla contra enfermedades crónicas, incluyendo lupus y una insuficiencia renal que le obliga a depender de 10 horas de diálisis.
Tras dos trasplantes de riñón fallidos, Martínez se ha convertido en la voz de aquellos que desean un final digno.
Su iniciativa, conocida como ‘Ley Trasciende’, busca despenalizar la eutanasia en México y ha ganado el respaldo de varios legisladores de diferentes partidos políticos, destacando la importancia de dar voz a los pacientes en este debate.
Actualmente, la eutanasia y el suicidio asistido son ilegales en México. La legislación vigente tipifica estos actos como “homicidio por piedad”.
Sin embargo, en 2023, se presentó una iniciativa para derogar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, que prohíbe estas prácticas.
Aunque el proyecto no prosperó, la discusión sobre la eutanasia sigue presente en la agenda pública. La Ley de Voluntad Anticipada, vigente en 14 estados, permite a los pacientes rechazar tratamientos que prolonguen su vida, pero no aborda la eutanasia activa.
