El caso de Rosalinda Ávalos, exagente de la Fiscalía General de San Luis Potosí, volvió a encender las alarmas.
Tras denunciar públicamente en 2020 que Sabas Santiago Ipiña, entonces aspirante a juez, estaba implicado en el asesinato de dos de sus hijos y tenía presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hoy ella misma enfrenta denuncias en su contra y vive bajo amenaza constante.
La historia de Ávalos se hizo conocida cuando irrumpió en el Congreso local con un grito desesperado: “Ayuda, me van a matar”.
En esa ocasión advirtió que “uno de los responsables de la muerte de mis hijos quiere ser juez”, lo que llevó al comité de selección a descartar a Ipiña de la contienda judicial por no cumplir con los requisitos constitucionales. Aquella victoria inicial derivó en un proceso de persecución que se ha intensificado cinco años después.
En marzo de 2025, Ipiña presentó una denuncia penal y civil contra la exagente, acusándola de abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública y daño moral. Lo más grave, señalan sus defensores, es que los testigos en su contra son personas que pertenecen al CJNG.
“Acaba de ser denunciada por el excandidato. Los testigos en su contra son integrantes del Cártel (Jalisco Nueva Generación). Su vida está en alto riesgo”, advirtió el abogado Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs.
Entre los testigos, figura incluso Artemio ‘N’, alias El Memo, identificado como supuesto jefe del CJNG, además de familiares de algunos de los detenidos por el asesinato de sus hijos. Ante ello, Ávalos expresó en entrevista: “No estoy segura. Estoy muy aprensiva. Ansiosa por toda esta situación. Necesito que esto se haga público. Mi vida y la de mi hija corren peligro”.
Pese al nivel de riesgo, la Fiscalía estatal únicamente le otorgó patrullajes en el exterior de su domicilio como medida cautelar.
La propia Ávalos acusa que el Estado no la ha protegido: “Al estado no le importa mi caso. El Estado me está revictimizando. Ya fui víctima por el propio Estado porque los que mataron a mis hijos son policías de investigación, y ahora yo soy la perseguida”, declaró.
El ataque que marcó su vida ocurrió el 11 de noviembre de 2020 en Soledad de Graciano Sánchez, cuando dos de sus tres hijos, de 18 y 20 años, fueron asesinados frente a su casa. Aunque hubo nueve detenidos, hasta ahora ninguno ha enfrentado juicio.
Hoy, Rosalinda insiste en que no se quedará callada: “Estoy sola en esto, enfrentando a jueces, ministerios públicos y servidores públicos. Pero no me voy a callar”. Su caso refleja tanto la dificultad de combatir los nexos entre crimen organizado y autoridades como la fragilidad en la protección de quienes denuncian.
