Este 26 de septiembre se consuman 11 años de que el Estado mexicano no ha dado respuesta a una pregunta que se hace todo el país: ¿dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa?
Las investigaciones continúan, ahora bajo el tercer gobierno que le toca investigar el caso (Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo).
A más de una década de distancia del hecho que sacudió al país, te contamos en qué va el asunto:
A principios de diciembre del año pasado, la Presidenta se reunió por primer vez con los familiares de los normalistas desaparecidos.
Sheinbaum Pardo calificó de "muy bueno" el primer encuentro y dijo que “hasta que no se encuentren a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta” y explicó que en su administración pondrán en marcha nuevos mecanismos para dar con los jóvenes desaparecidos desde septiembre de 2014.
“Vamos a seguir hablando con ellos, se van a seguir nuevos instrumentos de investigación, que está revisando un nuevo equipo de trabajo para llegar a más detenciones, a la verdad y a la justicia”, dijo y resaltó que precisamente ayer hubo una importante detención ligada al caso Ayotzinapa.
Además anunció que en su gestión se iniciaría con una “nueva ruta” de investigación mediante la conformación de un equipo de expertos que utilizarán la tecnología, con una nueva revisión de los expedientes actuales, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
“Los padres están de acuerdo en esa nueva ruta, en esa nueva metodología, y el compromiso de ella de que va a continuar el diálogo, y de que no se va a cerrar el expediente hasta encontrar la verdad de lo que ocurrió, y de entrada habrá una segunda reunión a principios del mes de febrero”, dijo ya en 2025.
Se han judicializado casos como el del pasado agosto Pedro Segura Valladares, empresario y excandidato a la gubernatura de Guerrero por el Partido del Trabajo, fue detenido la noche del martes 12 de agosto en la carretera de Tepecoacuilco rumbo a la federal México–Acapulco, cuando viajaba con varios colaboradores.
De acuerdo con las investigaciones, Segura Valladares es señalado por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo “Guerreros Unidos” y por su posible participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además, a finales de julio, indicó que “la Fiscalía, está apoyando el gabinete de seguridad, particularmente el Sistema Nacional de Inteligencia en nuevas herramientas de investigación, nuevos métodos que por lo que se ha ido avanzando, pienso que van a dar nuevas vías para encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad. Hay veces que el proceso judicial no permite dar toda la información”, reconoció.
El gobierno de Sheinbaum indicó que insitirá en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien apareció en un video torturando a Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, posible líder de Guerreros Unidos para que confesara que su organización fue responsable de homicidio y cremación de los normalistas.
Sin embargo, la información sigue siendo a cuentagotas, los familiares piden que el Ejército entregue documentos clasificados que darían cuenta que militares estuvieron involucrados en el hecho y, una vez más, saldrán a las calles a pedir que se les dé justicia.
Desde este jueves 25 de septiembre, representantes legales de las familias de los estudiantes encabezaron movilizaciones y llamaron a la sociedad a manifestarse por esta herida que sigue abierta.
LO QUE DEJÓ AMLO
En julio de 2024, antes de dejar la Presidencia, AMLO reafirmó el compromiso de mantener la búsqueda mediante el uso máximo de los recursos del Estado.
“Esto no se va a cerrar, esto es un expediente abierto y trabajaremos hasta el último día de nuestra administración.
Añadió que el Gobierno de México “no encubre ni protege a ninguna persona, en específico, a elementos de alto nivel al interior del Ejército”.
Entre los resultados obtenidos, destacó la detención de altos mandos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por la construcción de la mal llamada “verdad histórica”.
Mencionó que la determinación jurídica de los procesados está en manos de los jueces, quienes recientemente han determinado liberar a personas probablemente implicadas en el caso a través de medidas cautelares para continuar sus procesos en su domicilio.
Explicó que, con la reforma a la Ley de Amnistía, quien tenga información objetiva puede proporcionarla para encontrar a los jóvenes.
La entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, resaltó que se mantiene la coordinación entre todas las instancias del gobierno, tal y como ha instruido el presidente.
Sobre el avance en la búsqueda de los folios de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) solicitados por madres y padres, informó que la Covaj realizó un análisis de las más de 121 mil páginas aportadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
De esa indagatoria, la Covaj localizó e hizo entrega a madres y padres de 85 nuevos documentos, de los cuales 15 son nuevos folios y 70 son documentos que transcriben o hacen referencia a éstos. Dichos documentos se suman a los 18 que ya habían sido publicados en el anexo del segundo informe presidencial.
“El compromiso con ustedes es de transparencia y verdad, por eso se ha puesto a disposición de las madres, padres y sus representantes, el acceso a los archivos que determinen para ser consultados cuando así lo requieran.”
Sobre la ruptura del denominado pacto de lealtad criminal, mencionó que se ha entrevistado a 19 personas en 62 sesiones de trabajo; algunos de ellos, con interés de participar como nuevos informantes o testigos.
Lo anterior se suma a los esfuerzos que se llevan a cabo desde las secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, para romper el pacto de lealtad criminal.
“Podemos asegurarles a todas las madres, padres y familiares de los jóvenes que la Covaj, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (Ueilca) de la Fiscalía General de la República (FGR) y todas las instituciones responsables seguiremos trabajando hasta encontrar a sus hijos o algún rastro que nos ayude a su localización.”
