El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una acusación formal contra dos empresarios mexicanos: Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, por presuntamente encabezar un esquema de sobornos para obtener contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP).
De acuerdo con documentos judiciales, entre 2019 y 2021 ambos habrían entregado al menos 150 mil dólares en pagos ilegales, incluyendo relojes y bolsos de lujo de marcas como Louis Vuitton y Hublot, además de efectivo, a tres funcionarios de Pemex y PEP. A cambio, las empresas vinculadas a Rovirosa y Ávila habrían asegurado y retenido contratos por al menos 2.5 millones de dólares.
“Esta acusación debe enviar un mensaje claro de que la Justicia estadounidense no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, afirmó Matthew R. Galeotti, fiscal de la División Penal del DOJ.
¿QUIÉNES SON LOS EMPRESARIOS SEÑALADOS POR EU?
Rovirosa Martínez, de 46 años y originario de Tabasco, es fundador y director general de Roma Energy, con sede en Texas, y ha participado en proyectos petroleros e infraestructura a través de compañías como Tubular Technology y Energy On Shore.
Entre 2018 y 2021, PEP adjudicó a firmas asociadas a Rovirosa contratos por más de 82 millones de pesos. Parte de estos convenios, según la acusación, fueron facilitados mediante sobornos, como en el caso de un pago liberado por 20 millones de pesos tras la imposición de una multa mínima.
Arrestado el 10 de agosto en Texas, Rovirosa se declaró no culpable y enfrenta el proceso en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares.
Por su parte, Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, originario de Hecelchakán, Campeche, y exsubdirector de Mantenimiento y Logística en PEP, cuenta con una trayectoria que mezcla cargos políticos y funciones en el sector público.
Militante del PAN desde 2004, fue candidato a gobernador de Campeche en 2009 y ocupó la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado. En Pemex, su gestión fue señalada por irregularidades que derivaron, en 2015, en una inhabilitación de 10 años por contratos irregulares con Oceanografía y uso indebido de aeronaves oficiales.
Pese a este historial, Ávila aparecía hasta enero de 2025 como representante legal de PEP para la explotación de la Terminal de Abastecimiento en Dos Bocas. Actualmente permanece prófugo y las autoridades estadounidenses han activado mecanismos de cooperación para su localización.
Ambos enfrentan cargos por conspiración y violaciones sustanciales a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Si son declarados culpables, podrían recibir hasta cinco años de prisión por cada uno de los delitos imputados. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
