Desde que la Cuarta Transformación llegó a la Presidencia de México, las y los funcionarios se han visto envueltos en polémicas, sobre todo desde que ciudadanos y medios de comunicación han señalado directamente sus errores o fallas, pues cada vez más hacen uso discrecional de figuras legales para sancionar.
Y es que lo antes era debate, hoy puede ser considerado como “violencia política en razón de género” o “incitación al odio”.
Aunque muchas de estas sanciones se justifican legalmente en la protección contra violencia de género o defensa del honor, opiniones de expertos consultados por Nación321 señalan que en algunos casos hay “un exceso en el abuso del poder”.
UN POCO DE CONTEXTO
En 2020, hubo una serie de reformas en la Ley de Medios de Impugnación, que refiere a delitos electorales; así como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Partidos Políticos y de la de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En este sentido, se creó un marco normativo, especialmente para proteger a las mujeres que incursionaban en la política y que víctimas de cualquier tipo de violencias, sobre todo cuando se trataba de señalamientos que debilitaban su trabajo como candidatas o funcionarias en cualquier nivel de gobierno.
En este sentido, Lorena Vázquez, profesora investigadora del Iteso y de la Universidad Jesuita de Guadalajara, mencionó que el mecanismo que se aprobó en abril de 2020 para visibilizar y sancionar la violencia política en razón de género se ha robustecido en estos cinco años; sin embargo, en algunos casos, se ha usado la ley “como un exceso de poder”.
“El marco normativo es tan fuerte que los actores políticos, lo usan estratégicamente…Pero también los magistrados y magistradas, se puede comprobar empíricamente, que a veces deciden de una manera y a veces de otra… actúan como actores políticos y a veces deciden de acuerdo con intereses políticos”.
CASOS MÁS POLÉMICOS
Entre los casos que más han causado polémica podemos encontrar el del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien pidió al abogado Carlos Vázquez de León Obregón, quien agredió al morenista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en 2024.
Además de una carta que el ciudadano le envió a Noroña, también se disculpó durante una conferencia de prensa en el Senado y fue transmitida en vivo.
Otro, fue el de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, quien sí presentó su denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por violencia política en razón de generó en contra de la ciudadana Karla Estrella.
El TEPJF determinó que la mujer sí incurrió en dicho delito, por lo que ordenó que ofreciera disculpas en sus redes sociales por 30 días, además de que fue incluida en Sistema de Personas Agresoras.
También, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó una queja en contra del periodista Jorge Luis González Valdez, a quien acusó de infundir odio a través del contenido que hablaba de ella.
Una jueza ordenó al comunicador que dejara de publicar contenido sobre la mandataria estatal, el pago de una multa monetaria y que González Valdez esté acompañado por un “censor oficial”cuando participe en programas de medios.
¿EXCESO DE PODER?
La experta del Iteso mencionó que la denuncias que presentan las y los funcionarios es porque “son actores que sí tienen recursos a su disposición; es decir, las reglas del juego, o sea, es tener esas herramientas que si las quieres, las usas…Eso es parte incluso de ser institucionalista”.
“Si tú tienes un marco normativo que te permite judicializar ciertas cosas y tienes recursos para judicializar, estás en todo tu derecho y los actores pues tienen ese derecho, siempre y cuando sea por las vías institucionales”, acotó.
Mencionó que “incluso, esto es un indicador de institucionalidad que conozcas las reglas, que uses las reglas en el marco institucional”.
Por su parte, el Maestro Gerson Hernández Macalco, Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que hay un “poder desproporcionado” en las denuncias por parte de funcionarios en contra de ciudadanos y periodistas que los han criticado o han exhibido alguna falla en su desempeño.
Agregó que “estamos hablando que un senador, un diputado, una diputada federal, un gobernador, una gobernadora, están empleando estas herramientas en las cuales repito, es un poder desproporcionado”, sentenció.
Javier Rosiles Salas, profesor e investigador en la UCEMICH, y especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental, consideró que es vergonzoso que funcionarios y autoridades públicas estén teniendo esos excesos en contra de ciudadanos”
“Y es peor porque se utiliza el argumento este de dato protegido, como si lo que se protegiera con esto fueran las reputaciones de estos funcionarios y políticos”.
“Me parece que hay una confusión tremenda en el uso de este concepto…yo diría que tienen que estar sometidos al escrutinio público, pues deben, yo no diría que hace aceptar las críticas, no diría que acostumbrarse, pero sí tienen que aceptarlas”.
El experto consideró que “quien quiera ser un político debe entender que debe aceptar las críticas, evidentemente habrá algunos límites, ¿verdad? Pero yo hasta este momento, estas críticas me parecen fundadas y me parece que sí es realmente vergonzoso lo que estamos viendo contra esas personas”, señaló.
“LINCHAMIENTO MEDIÁTICO”
Gerson Hernández mencionó que las críticas también son parte de un exceso, pues en redes sociales se puede caer en un “linchamiento mediático”.
“Hay excesos por parte de la población y sí diría que hay casos en los cuales sí se vulnera la libertad de expresión por parte de las personas, pero que también, pues hay veces un análisis desmedido de que todo ya es vulnerable a la libertad de expresión”.
Sin embargo, acotó que en las sanciones “hay un exceso en cómo pedir perdón a una persona como si fueran planas”.
Indicó que “hay una tendencia muy marcada desde el inicio del gobierno, en donde sí hay excesos, también hay que decirlo, por parte de diferentes líderes de opinión, por parte de diferentes medios de información en los estados, donde uno no sabe si realmente es un medio o es un portal”.
Los expertos consultados coincidieron en que a partir del 1 de septiembre, cuando rindan protesta las y los nuevos integrantes del Poder Judicial, las denuncias por críticas de parte de la ciudadanía a funcionarios serán más frecuentes y las sanciones podrían no favorecer a la población o a la prensa.
“A partir del 1 de septiembre, en todo el país, va a haber cambio del Poder Judicial. Entonces, el hecho de que haya nuevos jueces o haya nuevos ministros, haya un nuevo aparato judicial, me parece que que no nos da buenos ánimos y yo no estoy de acuerdo en que personas, que como les dicen son del pueblo, van a tener mejores criterios para juzgar”, mencionó Rosiles.
Organizaciones como Artículo 19 advierten que este mecanismo se está utilizando como censura indirecta.
En su más reciente informe, reveló que durante 2024 se registraron al menos 21 casos de censura judicial contra ciudadanos o periodistas, y en lo que va de 2025 ya suman seis más.
