A un mes del escándalo por la exhumación del cadáver del bebé Tadeo del panteón civil San Nicolás Tolentino en Iztapalapa, el Gobierno de la CDMX presentó una nueva propuesta de lineamientos para regular los comentarios de la capital.
Entre las principales medidas está la colocación de cámaras de videovigilancia conectadas con el C5 para mejorar la seguridad de estos espacios.
Por el momento, el Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios es una propuesta que se someterá a consulta de alcaldías, organizaciones sociales, empresariales, religiosas y de la ciudadanía.
Dicho reglamento se aplicaría en os 118 cementerios que hay en la CDMX, entre ellos, 6 generales, 4 civiles, 82 vecinales, 14 privados y 2 históricos; además de 14 crematorios concesionados y servicios funerarios, explicó el Consejero Jurídico, Néstor Vargas.
SANCIONES POR EXHUMACIONES ILEGALES
El gobierno capitalino enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reformas al Código Penal para aumentar las penas por exhumaciones ilegales y castigar la comercialización de restos humanos.
Las penas irán de 5 a 10 años de prisión y si en este delito participa un servidor público se le impondrá una pena mayor. Asimismo, para quien exhume, oculte, destruya o sepulte a personas fallecidas o restos humanos sin los requisitos de ley, la pena será de 2 a 8 años de prisión.
OTRAS REGLAS
Además de las mencionadas, la propuesta menciona que quienes ocupen cargos de responsabilidad en los panteones deberán tener al menos educación media superior.
De acuerdo con Proceso, también tendrán que haber trabajado en el área, acreditar cursos en derechos humanos, perspectiva de género, protección a datos personales, no haber sido inhabilitado del servicio público y tener constancia de antecedes no penales y haber aprobado un examen de control de confianza aplicado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Las alcaldías seguirán siendo responsables del funcionamiento de cementerios y deberán tener un registro de trabajadores y prestadores de servicios; además de un control estricto del personal.
La Agencia de Protección Sanitaria, perteneciente a la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) supervisará lo relativo a materia de sanidad, mientras que el Instituto de Verificación Administración (Inea) deberá hacer visitas de verificación de que se cumplan todas las medidas de seguridad.
También se creará la Comisión Consultiva de Servicios Funerarios que coordinará, vigilará y dará seguimiento a la correcta implementación del Reglamento y atenderá eventuales emergencias sanitarios o situaciones extraordinarias.
