La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca regular el mercado de vivienda en renta y atender el aumento sostenido en los precios, así como el desplazamiento de habitantes en distintas zonas de la capital.
La propuesta, que será enviada al Congreso local, plantea como eje central que los incrementos en las rentas no puedan superar la inflación. De acuerdo con la mandataria, esta medida responde al encarecimiento registrado en los últimos años, donde en algunas zonas los costos han aumentado más de 30% entre 2019 y 2023, mientras que el precio de la vivienda prácticamente se duplicó en la última década.
Brugada explicó que la iniciativa forma parte de una ruta legislativa en dos etapas:
- La primera consiste en elevar a rango constitucional principios en materia de vivienda, con el fin de dar mayor certeza jurídica a arrendadores e inquilinos.
- La segunda contempla la creación de una ley secundaria que establezca los mecanismos específicos para regular las rentas. En ese sentido, subrayó: “Cuando un principio se incorpora a la Constitución, deja de depender de la voluntad en turno y se convierte en una responsabilidad de Estado”.
Además del control en los incrementos, la reforma propone obligar al gobierno capitalino a impulsar una política integral para ampliar la oferta de vivienda social y asequible, especialmente dirigida a jóvenes y sectores de bajos ingresos. “Ello con el propósito de contribuir al arraigo vecinal, disminuir desigualdades territoriales y construir relaciones inquilinarias justas y equilibradas. Asimismo, se incluye un mandato para que el gobierno de la ciudad continúe ampliando su reserva territorial, adquiriendo suelo para la producción de vivienda social”.
Otro de los puntos clave es la creación de una institución pública encargada de promover y defender los derechos y obligaciones en las relaciones de arrendamiento, así como el reconocimiento del derecho al arraigo comunitario, con el objetivo de evitar que las personas sean desplazadas de los lugares donde han desarrollado su vida.
Como parte del diagnóstico, la jefa de Gobierno indicó que cerca de 2 millones de personas viven en viviendas rentadas en la capital —una de cada cuatro—, y advirtió que los hogares con menores ingresos destinan hasta casi la mitad de sus recursos al pago de renta. También señaló que fenómenos como la gentrificación han provocado que, tan solo en 2020, alrededor de medio millón de personas fueran desplazadas de la ciudad.
La iniciativa también contempla incorporar en la Constitución local una política específica contra la gentrificación y a favor de la justicia territorial, en un contexto donde la demanda de vivienda ha crecido de manera sostenida. La propuesta se prevé sea discutida en el Congreso capitalino en los próximos meses.
