La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el gobierno de la Ciudad de México se lanzaron acusaciones por el permiso para demoler el edificio en San Antonio Abad que colapsó el pasado lunes 9 de marzo y dejó tres personas muertas y una más herida.
Rojo de la Vega indicó que su administración había negado el permiso para echar bajo esta edificación, y agregó que fue el gobierno de Clara Brugada quien finalmente otorgó el consentimiento para los trabajos de demolición.
Dijo que no se otorgó el permiso dado que, tras un análisis se determinó que no existían condiciones de seguridad para que este edificio, que tenía problemas estructurales tras los sismos de 1985 y 2017.
“Desde la alcaldía dijimos que no. No concedimos el permiso porque no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad para realizar la demolición”, explicó en un video en redes sociales.
Dijo que desde 2018, cuando se aprobó la creación de la Comisión para la Reconstrucción, manejada por el gobierno central, este ente es el encargado de aprobar los trabajos para demoler los edificios dañados por los movimientos telúricos.
Por su parte, la administración de Clara Brugada, a través del secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que, de acuerdo con la Ley Orgánica de las Alcaldías, es competencia de cada demarcación dar los permisos de demolición y dar seguimiento a los trabajos
