El Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de reformas para incrementar las sanciones por el delito de despojo y ampliar las herramientas legales para perseguirlo.
Con la modificación, la pena mínima pasa de cinco a seis años de prisión y la máxima de diez a once años, además de multas de hasta 200 mil UMA para quienes ocupen un inmueble ajeno mediante violencia física o moral.
El dictamen también establece una agravante: cuando el despojo se cometa contra personas mayores de 60 años, menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o integrantes de comunidades indígenas, la sanción podrá llegar a once años de cárcel.
Entre los cambios incorporados destaca la inclusión de nuevas formas de comisión del delito, como la simulación de actos jurídicos o la suplantación de identidad. Además, se prevé sanción para quien mantenga la ocupación del inmueble aun después de haber sido requerido por una autoridad.
Las reformas abarcan disposiciones del Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado de la Ciudad de México. Las iniciativas fueron presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, y el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN).
Durante la discusión, la legisladora María del Rosario Morales Ramos sostuvo que “el despojo es arrebatarle a una persona el hogar donde construyó su historia, la tierra que le heredaron sus padres”, y señaló que esta práctica deja en la indefensión a quienes la padecen.
Recordó que el Gobierno capitalino ha instalado un Gabinete de Seguridad que, según dijo, ha recuperado 196 inmuebles y asegurado 265 más.
En el debate participaron legisladores de diversas bancadas. El diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) afirmó que el incremento de penas responde a una problemática que afecta a sectores desprotegidos mediante “documentos falsos, el uso de la fuerza o intimidación”, mientras que la congresista Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) aseguró que el dictamen refuerza la protección a familias vulnerables y que “el despojo es más que un delito patrimonial, es una herida profunda a la dignidad de las personas”.
Israel Moreno Rivera (PVEM) respaldó la reforma al considerar que los casos de despojo han aumentado en los últimos años, y el panista Diego Orlando Garrido López destacó que en siete años se han abierto cerca de 29 mil carpetas de investigación, lo que equivale —dijo— a “12 despojos al día en esta ciudad”.
El morenista Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra señaló que las modificaciones fortalecen la prevención y sanción de un delito que afecta principalmente a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres.
Desde el PAN, la congresista Daniela Gicela Álvarez Camacho indicó que sólo en los primeros siete meses de 2025 se han iniciado 2,245 carpetas por este delito y que únicamente 1% de las 21 mil existentes ha sido judicializado.
En su intervención, Valeria Cruz Flores (Morena) afirmó que estas reformas buscan responder a un fenómeno que “por años ha violentado la legalidad y seguridad jurídica patrimonial”. Finalmente, la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) reconoció los avances, aunque advirtió que, pese a la recuperación de más de 265 inmuebles, únicamente 192 han sido devueltos a sus propietarios.
