Pemex acusa a Amparo Casar, presidenta de MCCI, de fraude por 31 mdp

Tras detectarse el caso de corrupción se suspendió el pago de la pensión
Tras detectarse el caso de corrupción se suspendió el pago de la pensión
Amparo Casar.Tras detectarse el caso de corrupción se suspendió el pago de la pensión
Cuartoscuro
Nación321
2024-05-03 |12:50 Hrs.Actualización12:51 Hrs.

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusó a María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de haber sido cómplice de un presunto caso de corrupción en contra de la petrolera por 31 millones de pesos.

En conferencia mañanera de este viernes, Romero Oropeza detalló que Casar cobró de manera ilegal una pensión de 124 mil 948 pesos mensuales tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien se quitó la vida en 2004.

También se le señala de recibir un apoyo económico por gastos funerarios y el pago de la seguro de vida.

El director de Pemex explicó que dicha pensión no debía ser otorgada, pues Márquez Padilla no murió de manera accidental, sino que se suicidó al aventarse de un edificio de la empresa en 2004. Sin embargo, el funcionario indicó que Amparo Casar recibió apoyo de las autoridades para ignorar las investigaciones periciales. 

“Todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente omitiendo esperar el dictamen, pero el Ministerio Público finalmente resolvió que había sido un suicidio”, explicó. 

Agregó que “modificaron el dictamen, que no pareciera suicidio sino que pareciera accidente para que procediera el pago del seguro como de la jubilación, pero se resolvió que fue un suicidio”. 

El titular de Pemex mencionó que tras detectarse el caso de corrupción se suspendió el pago de la pensión a favor de María Amparo Casar y se hicieron las denuncias en contra de los funcionarios de Pemex involucrados, esto con el propósito de recuperar todo el dinero que fue otorgado.

“Hay diversas acciones en trámite porque estamos intentado recuperar los montos indebidamente pagados, que están estimado en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidad a servidores públicos involucrados”, finalizó.